El envejecimiento de la población es una realidad social que requiere respuestas firmes y coordinadas por parte de las administraciones públicas. El maltrato a las personas mayores, en cualquiera de sus manifestaciones físicas, psicológicas, negligencia o abandono, constituye una grave vulneración de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad de quienes han contribuido, lo largo de su vida, al desarrollo de nuestro país.
DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA SUBCOMISION EPISCOPAL PARA LA FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA